Alternativas de la propuesta: Una sería que se dicte una nueva legislación que le permita a las empresas elegir si aceptan o no ayuda del Gobierno y en caso que acepten, sería voluntario. De esa forma las empresas deciden entregar de forma voluntaria parte de sus acciones o emitir nuevas acciones destinadas a financiación estatal. 

La otra variante es que no haya ningún tipo de variante y no puedan decidir quién reciba la ayuda. De esa forma sería algo compulsivo y ahí se plantean una serie de problemas. 

Las acciones no son de la sociedad, son de los socios de la sociedad. Si la sociedad fuese obligada a emitir más acciones, eso reduciría la participación de los socios y eso tiene un impacto en el poder de decisión de los socios. El otro problema tiene que ver con la confiscación de bienes como sanción, algo que está prohibido por la Constitución. 

Hay una serie de medidas que se vienen tomando en otros países que tal vez tienen un cierto parecido, pero siempre respetando el principio de voluntariedad.